jueves, 11 de agosto de 2011

LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA


Analicemos:

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones recogidas a continuación pretenden orientar la interpretación de la nueva Ley postal y su consiguiente desarrollo reglamentario hacia la configuración de un entorno más adecuado para el desarrollo de la competencia y para la adaptación del operador postal tradicional al mercado postal único.

PRIMERA. Revisión del procedimiento de selección del operador designado para prestar el servicio postal universal

Con objeto de ajustarse a los principios de revisión periódica y de mantenimiento de la presión competitiva recogidos en la normativa comunitaria, se aconseja una revisión periódica a intervalos de tiempo razonables, por ejemplo cada 5 años, de la decisión de determinación de los operadores designados.

A este fin, durante los próximos cinco años debería analizarse la posibilidad de seleccionar distintos operadores postales como designados para prestar el servicio público en distintas zonas del territorio nacional. La selección de los operadores debe realizarse a través de procesos transparentes, preferiblemente mediante un sistema de licitación pública. Dada la complejidad del diseño de este proceso, sería conveniente que el Ministerio de Fomento, con la colaboración de la Comisión Nacional del Sector Postal, iniciaran lo antes posible un proceso de consulta pública para la delimitación de estas zonas.

SEGUNDA. Promover la adaptación del servicio postal universal para garantizar su supervivencia

Para fomentar una prestación más eficiente del servicio público, y evitar que un ámbito excesivamente amplio del servicio postal universal plantee problemas de financiación y distorsione el mercado, es conveniente que el Ministerio de Fomento, reduzca el ámbito del servicio postal universal para adaptarlo al nuevo entorno tecnológico y a las verdaderas necesidades de los ciudadanos en relación al servicio postal universal y su disposición al pago por este servicio. El Plan de Prestación del servicio postal universal y el Contrato regulador entre el Ministerio de Fomento y Correos, que recogen las obligaciones de prestación del servicio postal universal y otros elementos esenciales para el desarrollo operativo de este operador, deben ser publicados, para que éste pueda gestionar eficientemente sus recursos, y para que pueda verificarse la adecuación de la compensación financiera que habrá de recibir por asumir el servicio público.

El informe sobre estos documentos que la Ley postal encomienda a la Comisión Nacional del Sector Postal debería ser vinculante.

TERCERA. Elaborar de forma transparente la metodología de cálculo de la compensación al prestador del servicio postal universal

Dada la complejidad de la metodología requerida para estimar adecuadamente esta compensación, su elaboración debe ser supervisada estrechamente por la Comisión Nacional del Sector Postal.

La metodología deberá ser publicada, con el fin de permitir una adecuada fiscalización de su aplicación.

El propio mercado podría proporcionar una estimación fiable de la carga financiera injusta, si se sometiera a subasta la adjudicación de la prestación del servicio postal universal en áreas geográficas determinadas.

CUARTA. Eliminar los privilegios a favor de Correos que pueden constituir derechos compensatorios.

La exención a favor del prestador del servicio postal universal del pago de todos los tributos por su actividad en el ámbito del servicio postal universal –a excepción del impuesto de sociedades-, puede constituir un derecho compensatorio prohibido por la Directiva 2008/6/CE y puede ser considerado una Ayuda de Estado contraria a la normativa comunitaria. Debe, por tanto, ser eliminada.


 
La exención tributaria debería limitarse a lo recogido por la nueva redacción de la Ley del IVA, que establece que aquellos contratos negociados individualmente por Correos con grandes clientes no están exentos del pago de este impuesto.

La presunción de veracidad y fehaciencia a favor del operador designado para la gestión de notificaciones de órganos administrativos y judiciales por medios físicos, así como la extensión de este privilegio a la comunicación electrónica, debería ser ampliada a todos aquellos operadores debidamente autorizados para operar en el ámbito del servicio postal universal que obtengan la confianza de las AA.PP. en procesos de licitación pública. Alternativamente, la Comisión Nacional del Sector Postal podría realizar un control de los procedimientos utilizados por los operadores para las notificaciones, de forma que si son conformes a unas reglas objetivas, se otorgue la presunción al operador privado.

Los espacios en infraestructuras de transporte reservados al prestador del servicio postal universal en la nueva Ley deberían designarse a través de procesos de licitación pública.

QUINTA. Modificación del sistema de acceso a la red postal pública.

El desarrollo reglamentario de la Ley postal a este respecto debería facilitar en lo posible el acceso de otros operadores a la red postal de Correos. La Comisión Nacional del Sector Postal debe garantizar que se cumplan unos criterios básicos de acceso congruentes con los principios de transparencia y no discriminación.

La determinación del precio de acceso a la red debe tener en cuenta dos elementos. Por un lado, debe considerar que Correos ya recibe una compensación para el sostenimiento de la red postal en el marco de sus obligaciones de servicio público. Por otro, el cálculo de los costes incurridos debe realizarse a partir de costes eficientes y no de costes históricos del operador designado, con el fin de introducir incentivos para la reducción de costes de dicho operador.
En todo caso, la aplicación del principio de cobertura de coste en el acceso a la red postal no debe dar lugar al estrechamiento de márgenes de los operadores postales, lo que desincentivaría su entrada en el mercado. Unos precios de acceso a la red postal inadecuados podrían incluso dar lugar a un abuso de posición de dominio, conforme a la práctica de las autoridades comunitarias y nacionales de competencia.

La nueva Ley Postal prevé la publicación del contrato tipo de acceso a la red postal. Los contratos derivados de negociaciones particulares entre el operador designado y operadores postales privados también deben ser publicados, de acuerdo con el principio de transparencia, y someterse a la supervisión de la Comisión Nacional del Sector Postal.

SEXTA. Incrementar la independencia de la Comisión Nacional del Sector Postal, respecto al Ministerio regulador.

La influencia que el Ministerio de Fomento puede ejercer sobre la Comisión Nacional del Sector Postal aconseja la eliminación de su vinculación con el principal operador postal del mercado español a través de la participación de este Ministerio en el Consejo de Administración de Correos.

SÉPTIMA. Adoptar medidas para limitar el impacto negativo de la nueva Ley Postal sobre los pequeños operadores postales.

Es conveniente evaluar la posibilidad de incrementar el mínimo exento en la contribución postal para cumplir con el principio de proporcionalidad en relación a los pequeños operadores, y eximir a estos agentes de las obligaciones de separación contable cuando deseen acceder a una autorización administrativa singular para prestar servicios en el ámbito del servicio postal universal.

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