sábado, 27 de agosto de 2011

EL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES POSTALES Y SUS LÍMITES



El artículo 18.3 de la vigente Constitución española garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.

El derecho al secreto de las comunicaciones es uno de los dieciséis derechos fundamentales reconocidos por la norma suprema.

La Ley Postal no podía ser ajena a este reconocimiento y así lo incluye en su artículo 5, expresándose en los siguientes términos:

"Los operadores postales deberán realizar la prestación de los servicios con plena garantía del secreto de las comunicaciones postales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución Española y en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal"

En términos generales por tanto, sólo una resolución judicial podrá limitar esta garantía constitucional.

Así se pronuncia el artículo 579 de la Ley de Enjuciamiento Criminal:

1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiere indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.
3. De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos.
4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos relacionados con la actuación de bandas armadas elementos terroristas o rebeldes, la medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministro del Interior o, en su defecto, el Director de la Seguridad del Estado, comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien, también de forma motivada, revocará o confirmará tal resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación.
Siendo así, no obstante existen otras previsiones constitucionales que pueden suponer limitaciones de este derecho.



Hablamos de la suspensión temporal de derechos previstas en la CE para las situaciones excepcionales del artículo 116 de la CE referidas a los estados de alarma, excepción y sitio, cuya regulación se produjo a través de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio.

Esta ley en su artículo 18 establece que cuando la autorización del Congreso para la declaración del estado de excepción comprenda la suspensión del artículo 18.3, de la Constitución, la Autoridad Gubernativa podrá intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, telegráficas y telefónicas. Dicha intervención solo podrá ser realizada si ello resulta necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o el mantenimiento del orden público. La intervención decretada será comunicada inmediatamente por escrito motivado al juez competente. 

Tampoco podemos ignorar la previsión constitucional de la suspensión a titulo individual de este derecho, contenida en el artículo 55.2 de la CE, al que también hace alusión la Ley Postal, y que dispone que:

«Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigación correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas».

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