jueves, 11 de agosto de 2011

COMPETENCIA QUISIERA TUMBAR LA NUEVA LEY POSTAL

Así parece deducirse del informe de 22 de marzo de 2011 de este organismo al que aludí en "LOS PRIVILEGIOS DE CORREOS", y que ahora quiero completar dejando aquí todas las conclusiones finales del documento, que se constituye en un auténtico alegato en contra de la norma reguladora del servicio postal en España. 

Son ocho, pero no tienen desperdicio:


INFORME COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA
CONCLUSIONES INFORME COMISIÓN NACIONAL DE COMPETENCIA
CONCLUSIONES
PRIMERA
La nueva Ley postal contiene elementos que dificultan el desarrollo de la competencia una vez eliminada el área reservada, y supone, en algunos aspectos, un retroceso en términos de competencia respecto al marco normativo anteriormente vigente. Varios de estos elementos fueron criticados por la CNC en su informe de junio de 2010 sobre el Anteproyecto de Ley postal, sin que estas recomendaciones hayan sido suficientemente atendidas.
SEGUNDA
El marco regulatorio que ha entrado en vigor no garantiza la neutralidad competitiva entre los operadores, tendiendo a favorecer la posición de Correos, y, en algunos aspectos, plantea dudas sobre la compatibilidad con la normativa comunitaria.

TERCERA
La designación de Correos de forma directa y poco transparente como prestador del servicio postal universal durante un periodo de 15 años no respeta los principios de revisión periódica y de mantenimiento de la presión competitiva recogidos en la normativa europea.
La posibilidad de designación de prestadores del servicio postal universal a través de sistemas de concursos en áreas geográficas limitadas no ha sido contemplada, a pesar de que puede generar una competencia entre operadores que presione a la baja el coste de provisión del servicio público.
CUARTA
La Ley no presta suficiente atención a la necesidad de que el ámbito del servicio postal universal, es decir, el conjunto de servicios que incluye, evolucione en consonancia con los cambios en las necesidades y preferencias de los consumidores impulsados por el desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación electrónica,
Persisten las deficiencias de transparencia respecto al alcance de las obligaciones asumidas por el operador designado en este ámbito que, junto con las limitaciones existentes para que éste adapte su estructura productiva a las nuevas necesidades, dificulta la capacidad de Correos para competir y adaptarse al nuevo entorno.

QUINTA
El cálculo de la carga financiera injusta derivada de las obligaciones de servicio público que requiere el cumplimiento de los criterios generales contemplados en la Ley es muy complejo. Para que la estimación de esta carga sea adecuada, evitando excesos que sitúen al operador del servicio postal universal en una posición privilegiada, o insuficiencias que pongan en riesgo la viabilidad de este servicio, es necesario diseñar una metodología que tenga en cuenta numerosos factores de difícil evaluación, tales como la estimación de los beneficios intangibles y del beneficio razonable del operador designado por la prestación del servicio postal universal; la necesidad de basarse en el coste eficiente para prestar el servicio, no en costes históricos; la inclusión de mecanismos que incentiven la reducción de los costes de la prestación de este servicio, y la compatibilidad del enfoque con las normas comunitarias de competencia en relación con las ayudas públicas.
SEXTA
El sistema de financiación del servicio postal universal previsto en la Ley postal supone un avance respecto a lo contemplado en el Anteproyecto de Ley. De acuerdo con las recomendaciones de la CNC, se ha evitado la distorsión de la competencia que habría supuesto la propuesta exención de Correos del pago de la contribución postal, así como el recargo que habría recaído sobre los consumidores.
La Ley postal mantiene sin embargo ciertas ventajas para el operador designado como prestador del servicio postal universal, Correos, que distorsionan seriamente la competencia y pueden constituir derechos compensatorios de hecho, contrarios a la normativa comunitaria. La exención a favor de Correos del pago de cuantos tributos graven su actividad en el ámbito del servicio postal universal, salvo el impuesto de sociedades, supera el ámbito del privilegio concedido a estos operadores en la normativa comunitaria, y puede constituir una Ayuda de Estado contraria a dicha normativa. La exención debería limitarse a lo dispuesto en la reciente reforma de la Ley del IVA, que establece que dicha exención no puede extenderse a los contratos negociados de forma individual. Además, la Ley otorga en exclusiva al operador designado la presunción de veracidad y fehaciencia para la gestión de notificaciones administrativas, lo que proporciona a Correos una importante ventaja en las relaciones comerciales con las AA.PP.
Por otra parte, el sistema de financiación previsto impone una carga sobre los pequeños operadores postales proporcionalmente mayor que al resto, lo que puede obstaculizar la importante contribución al desarrollo de la competencia que éstos pueden aportar.

SÉPTIMA
Tanto la Directiva 2008 como la jurisprudencia comunitaria exigen que los clientes y los operadores postales tengan acceso a la red postal en condiciones transparentes y no discriminatorias.
La nueva Ley Postal modifica sustancialmente el criterio básico aplicado en la normativa anteriormente vigente para la fijación del precio de acceso a la red postal por parte de los operadores postales, al exigir la cobertura por cada operador del coste ocasionado al titular de la red por su uso para envíos específicos. Al mismo tiempo, la norma prevé la concesión de descuentos a aquellos clientes y usuarios considerados como remitentes de envíos masivos.
En ningún caso el tratamiento ofrecido por parte del operador designado a clientes y operadores postales debe ser discriminatorio.

OCTAVA
Si bien la configuración actual de la Comisión Nacional del Sector Postal (CNSP), como institución independiente dedicada exclusivamente al sector postal, es extraordinaria en la UE, su diseño institucional es, en términos generales, adecuado a su finalidad. No obstante, la liberalización del sector se vería favorecida por una mayor autonomía de este organismo respecto de las decisiones gubernamentales, especialmente teniendo en cuenta que el principal operador es una empresa pública.

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