martes, 17 de mayo de 2011

CORREOS, SOCIEDAD ANÓNIMA (Estatal)



La decisión de convertir a Correos y Telégrafos en una Sociedad Anónima Estatal fue adoptada por la ley 14/2000, de 29 de diciembre (artículo 58), de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicha ley, el Consejo de Ministros, en su reunión del 22 de junio de 2001, aprobó la conversión de la entonces Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos en Sociedad Estatal con capital público 100% y participación exclusiva del Estado.
El día 29 de junio de 2001 se otorgó escritura pública de constitución de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
Con fecha 3 de julio de 2001, día en el que se hizo la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid, quedo extinguida la Entidad Pública Empresarial, y en su lugar entró en funcionamiento la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
La Sociedad quedó constituida con un capital inicial de 93.748.527.840 pesetas (563.440.000 euros).
Por Acuerdo de la Junta General Universal de fecha 24 de noviembre de 2006 el capital social se fija en 611.521.000 euros (seiscientos once millones quinientos veintiún mil euros) dividido en 611.521 acciones ordinarias y nominativas, de una sola serie y clase, representadas por medio de títulos de 10.000 euros de valor nominal cada uno de ellos, y numeradas correlativamente del 1 al 611.521, ambos inclusive. Las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas.
Lógicamente esta transformación, desde el punto de vista jurídico, tiene, aparte de otros, un primer efecto inmediato:
Correos a partir de ese momento deja de ser "Administración Pública", se rige por normas de derecho privado y le es plenamente de aplicación la ley de Sociedades Anónimas.
Sin entrar en mayor profundización, debe entenderse la trascendencia del "cambio" en las relaciones laborales de un colectivo de más de 60.000 empleados, donde, junto al personal laboral ya existente con anterioridad y a los nuevos ingresos producidos hasta la fecha, conviven todavía alrededor de 25.000 funcionarios de los distintos Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicación, declarados a extinguir, y adscritos administrativamente al Ministerio de Fomento.
Algunos casos, derivados de esta atípica, aunque legal, situación han motivado incluso planteamientos de cuestiones de inconstitucionalidad.

Dejo aquí una del año 2006, bastante ilustrativa en mi opinión, del Juzgado Contencioso Administrativo número 13 de Barcelona, con motivo del "traslado forzoso" de un funcionario a un nuevo centro de trabajo de la propia Compañía.
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Auto.aspx?cod=8370

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